viernes, 6 de octubre de 2006

Megacanje: una decisión judicial tan absurda como peligrosa

Artículo editorial publicado por La Nación el 6/10/06

La resolución del juez Jorge Ballestero de procesar al ex presidente Fernando de la Rúa y al ex ministro de Economía Domingo Cavallo por la operación de megacanje de deuda efectuada en 2001 es arbitraria e infundada, al tiempo que avanza por la peligrosa línea de enjuiciar las decisiones de política económica, especialmente cuando no coinciden con las ideas dominantes en el gobierno de turno.

El juez Ballestero imputó al ex mandatario y a varios ex funcionarios el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y, con ello, pretende sostener que aquéllos incurrieron en un crimen, que excede el margen de discrecionalidad propio de las medidas políticas.Pero más allá de esa afirmación genérica y vaga, la resolución del magistrado no contiene prueba alguna que demuestre que De la Rúa, Cavallo y sus colaboradores de entonces intentaron perjudicar "a sabiendas" al país o que obtuvieron un beneficio económico para sí o para otros, los únicos dos supuestos que, según el Código Penal, podrían haber justificado el procesamiento de los ex funcionarios por defraudación.

La operación de megacanje de títulos de la deuda externa consistió en la postergación de los vencimientos que se iban a producir entre 2001 y 2005 hasta el período 2006-2031, a cambio de pagar cuantiosos intereses que hacían incrementar la deuda durante este último período. Varios legisladores nacionales presentaron una denuncia por el supuesto fraude, sosteniendo que De la Rúa buscó beneficiar a los bancos internacionales que intervinieron en la refinanciación.

Para dictar su fallo, el juez Ballestero se apoyó en un peritaje oficial encargado a expertos de reconocida probidad profesional, aunque con una visión política y económica muy distinta de la sostenida por el ex ministro Cavallo. Sin embargo, aun cuando se dejen de lado las fundadas sospechas de parcialidad que pueden surgir de la elección de esos peritos, ni siquiera el peritaje avala la decisión del juez Ballestero.En efecto, si bien los peritos calificaron de "inútil" el megacanje que De la Rúa había realizado años antes, describieron la difícil situación económica que atravesaba la Argentina en 2000 y 2001, como consecuencia del tipo de cambio, el déficit fiscal, la recesión, el endeudamiento externo, el desequilibrio de la balanza de pagos y otros factores que ponían de manifiesto la endeblez financiera de la Argentina. Es más, los expertos indicaron que sólo existían tres alternativas para salir de ella: el default, la reestructuración unilateral de la deuda por el Estado o el canje voluntario de la deuda en condiciones de mercado.De la Rúa tomó este último camino.

La distancia que dan los años y los acontecimientos ocurridos desde 2001 hasta la fecha pueden hacernos pensar a muchos que la decisión adoptada por el ex presidente fue incorrecta e incluso perjudicial desde el punto de vista económico. Pero las decisiones se toman en el momento en que se precipitan los hechos, que en medio de la emergencia que se vivía en aquellos años eran especialmente graves y dramáticos, y pretender que la Justicia pueda hacer una evaluación de determinaciones políticas llevará al país por una peligrosa senda de confrontaciones y de persecuciones ideológicas.

En efecto, la decisión del juez no contiene prueba alguna de que haya habido una operación oscura en el pago de comisiones a los bancos internacionales de primera línea que concurrieron en rescate del país, alargando plazos cuando la Argentina ya no gozaba en absoluto de crédito internacional. Es más, el peritaje comentado sostiene que "fue celebrado conforme con los usos y costumbres -internacionales y del país- y las comisiones acordadas coincidían con las que usualmente se abonaban por operaciones como la investigada".

Por más que se pudiera sospechar que el megacanje fue una operación riesgosa y hasta ruinosa para el país, porque a lo largo de los años no lograría mejorar su situación financiera, y por más que se pudiera imaginar que el default llegaría inevitablemente -como sostienen, ex post facto, los peritos y el juez-, tampoco puede el magistrado desconocer que la decisión de declarar al país en default hubiera traído aparejados otros problemas.Por lo demás, el juez no tiene una sola prueba que demuestre que los imputados intentaron dañar al país, aun cuando su administración haya sido absolutamente errónea.

En tal sentido, puede añadirse que en aquella época otros países, como Turquía y Brasil, tomaron decisiones parecidas en momentos en que transitaban situaciones muy frágiles. Turquía evitó el default de su deuda, aunque sus indicadores financieros eran peores que los de la Argentina. Brasil también optó por evitar la cesación de pagos, incluso con cargas de intereses muy elevadas.

La decisión del juez Ballestero de procesar a quienes tomaron medidas económicas es desacertada y sólo puede entenderse si se tiene en cuenta su expresada pretensión de ocupar un cargo en la Cámara Federal, como una solapada intención de congraciarse con el gobierno de turno.Como si ello fuera poco, llama más aún la atención el apresuramiento que mostró el mismo magistrado cuando el 29 de septiembre, apenas tres días después de haber procesado la política económica de De la Rúa, desestimó otra denuncia que le habían presentado varios legisladores contra los superpoderes concedidos por el Congreso nacional al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En este último caso, en una abierta contradicción con su resolución sobre el megacanje, el magistrado resolvió que se trata de una cuestión política y, por lo tanto, no es judiciable, por lo cual no puede investigarse si los legisladores que votaron los superpoderes incurrieron en el delito de traición a la patria.

Una resolución judicial como la referida al megacanje, que se acomoda a los lineamientos de los intereses oficiales y resulta absolutamente arbitraria, deja flotando la posibilidad de que, en el futuro, se emplee igual criterio para juzgar una decisión política en cualquier otra materia, como educación o salud. Al mismo tiempo, se aleja de la independencia y probidad que deberían demostrar en todos los casos quienes tienen la excelsa misión de impartir justicia.

lunes, 2 de octubre de 2006

Cavallo dice que sería más de lo mismo

Artículo de Jorge Oviedo para La Nación publicado el 02/10/06

Domingo Cavallo está indignado por la decisión judicial que lo procesó a él junto con Fernando de la Rúa y otros ex funcionarios por el megacanje de mediados de 2001. Afirma que es una operación política, pero no culpa al Gobierno. En cambio, dice que es a Eduardo Duhalde a quien deberían procesar por aumentar la deuda a propósito. Poco antes de partir para Estados Unidos, dialogó con LA NACION y criticó también, pero sin cargar tanto las tintas, a Kirchner y a Lavagna.


¿Qué lectura hace del procesamiento por el megacanje?

Es una decisión absurda del juez. Se basa en un peritaje hecho por peritos, pero designados por el fiscal y seleccionados de entre quienes permanentemente habían fogoneado la devaluación y el default: [Jorge] Schvarzer, [Eduardo] Conessa, [Eric] Calcagno, y no me acuerdo de quién es el cuarto. Han hecho un dictamen que no tiene ningún sustento técnico y es puramente ideológico. Dicen que el megacanje no podía evitar ni la devaluación ni el default; que creaba más riesgos; que eso lo sabíamos y que pese a eso fuimos adelante con la operación, para pagarles honorarios a los bancos, y que aumentamos la deuda. Es todo falso. Y no aumentamos la deuda.-Pero las tasas fueron altas.-Eran las que la Argentina pagaba en ese momento. El argumento de que aumentó la deuda es falaz. Y el megacanje se hizo precisamente para evitar la devaluación y el default.-...Que igualmente ocurrieron.-Porque se produjo un golpe que nos sacó del gobierno precisamente para llevar adelante las políticas que implementó Duhalde. Si buscan quien más endeudó al país, sin duda fue Duhalde, con todos los bonos que tuvo que emitir por la pesificación asimétrica y todas las compensaciones que tuvieron que dar por los zafarranchos que hicieron en enero de 2002.-Pero entre los peritos hay economistas.-Pero el dictamen está hecho con una intencionalidad política. El objetivo es hacer una especie de juicio a una política económica.

¿Ve una mano del Gobierno?

No veo qué gana el Gobierno. Si hay una intencionalidad política, tiene que ver con los que quieren consolidar la idea de que salvaron al país.-Duhalde.-Duhalde, Alfonsín y todos los que dieron el golpe de 2001.

¿Cómo ve a Lavagna como candidato apoyado por Duhalde y Alfonsín?

[Largo silencio.] Me parece que Lavagna ha logrado crear una imagen sobre la base de una gran confusión acerca de las causas de la crisis y el origen de la reactivación. Pero estuvo ahí en el momento oportuno y obviamente hoy inspira cierta confianza. Duhalde y Alfonsín ven en él la oportunidad de recuperar cierto protagonismo político, en particular el radicalismo. Pero yo no creo que sea una alternativa superadora del gobierno de Kirchner. Lavagna sería más de lo mismo, quizá con mejores modales y un poco más prolijo, pero también con mucha menos convicción que la que parece tener Kirchner. Me parece triste que la alternativa para el país esté entre Kirchner y Lavagna. Pero los hechos políticos son así: dependen de circunstancias que a veces llevan a que la confrontación se dé entre personas que cometen los mismos errores.

viernes, 29 de septiembre de 2006

La decisión del Juez es absurda

La decisión del Juez es absurda. Sostiene que el Megacanje no tuvo el objetivo de evitar la devaluación y el default, como yo había explicado en mi declaración indagatoria, sino que se hizo para pagar comisiones a los bancos. Lo argumenta diciendo que nosotros sabíamos que finalmente iba a venir una fuerte devaluación y un default con pesificación y todas las medidas decididas por Duhalde en enero de 2002.

Es decir, se basa en la teoría de que era inevitable la estafa a los ahorristas, bonistas y asalariados para beneficiar a los empresarios y a los gobiernos de las provincias endeudadas. No tiene en cuenta que para hacer lo que hicieron, es decir provocar una terriblemente injusta redistribución regresiva de la riqueza y del ingreso, tuvieron que dar un golpe institucional, organizado y apoyado por Alfonsin y Duhalde, para sacarnos a De la Rúa y a mi del gobierno y frustrar la última etapa de la reestructuración de la deuda, que ya estaba preparada e iba a ser completada en menos de 90 días.

No sólo la devaluación y el default eran evitables, sino que la reactivación y el crecimiento, desde 2002 en adelante, podrían haber sido mucho más genuinos y sostenibles si nos hubieran dejado completar la reestructuración de la deuda lanzada en noviembre de 2001. Nunca hubiera existido el corralón y, el corralito, es decir, la bancarización compulsiva, se podría haber levantado sin ningún trauma el 1 de marzo de 2002.

Los devalúo-maniacos, a los que el fiscal designó peritos oficiales, convencieron al juez de que los ahora procesados somos responsables por los efectos de las políticas que ellos fogonearon y que lograron que Duhalde implementara.

Nuestro delito fue, en esa interpretación de la historia, no haber hecho nosotros lo que con tanto costo, y golpe institucional mediante, hizo Duhalde en enero de 2002.

Lamento no haberme equivocado cuando describí en 1996, con la metáfora de la servilleta, lo que estaba pasando en la Justicia Federal Argentina.

domingo, 13 de agosto de 2006

Un artículo que merece ser leído

Diana Ferraro publica muy interesantes análisis en su blog personal. Su último artículo titulado “La Argentina sin forma” es, en mi opinión, el mejor ensayo político que leí en los últimos treinta días. Siempre encuentro una gran coincidencia entre las ideas de Diana y mis propios pensamientos, pero ella, que es una excelente escritora, tiene una claridad expositiva muy superior a la mía. Por esta razón, en lugar de reproducir sus argumentos para mis lectores como un artículo propio, prefiero invitarlos a visitar su blog. Buena lectura!
http://dianaferraro.blogspot.com

jueves, 10 de agosto de 2006

La Corte puso las cosas en su lugar

La Corte Suprema ha adoptado una decisión inteligente y responsable sobre la injusta postergación que sufren millones de jubilados. Conmina al Poder Legislativo a cumplir con la obligación que establece la ley de solidaridad previsional de disponer anualmente, en la ley de presupuesto, el porcentaje de movilidad de todas las jubilaciones. No sólo de las más bajas, como lo ha hecho el Ejecutivo a lo largo de los últimos tres años. Esto es precisamente lo que habíamos propuesto en nuestra nota titulada "Las leyes en vigencia contemplan la movilidad de las jubilaciones".

Cuando el Legislativo disponga el porcentaje de aumento, que no debería ser inferior al 100 % de los haberes que se cobraban durante la convertibilidad, dado que la recaudación y los salarios formales aumentaron más desde la devaluación del peso, es importante que se ajuste en el mismo porcentaje el haber jubilatorio máximo establecido por la ley de solidaridad previsional. Si ello no ocurre, continuarán las demandas contra esa limitación, que sin ajuste y sin convertibilidad, es sin lugar a dudas confiscatorio.

También se deberá disponer pagar a los jubilados la deuda que se ha acumulado como consecuencia del incumplimiento de la ley de solidaridad, tal como se lo hizo en 1992 con la deuda de 18.000 millones de pesos-dólares, acumulada desde la gestión del presidente Raúl Alfonsín, por incumplimiento de las leyes entonces vigentes.

Es muy positivo que la Corte haya enfatizado que la decisión sobre la movilidad de las jubilaciones debe ser adoptada por el Legislativo en el marco de la administración presupuestaria.

De esa forma revitaliza el principio establecido en la ley de solidaridad provisional que obliga a contemplar el financiamiento balanceado de los beneficios provisionales. El Poder Legislativo deberá tener en cuenta la estimación de los recursos propios del sistema previsional y agregar los aportes del Tesoro necesarios para financiar los subsidios, que por arriba de las prestaciones legales, decida otorgar a los beneficiarios. Deberán comprometerse aportes del Tesoro equivalentes al costo de los aumentos en los haberes mínimos que se han otorgado por arriba del porcentaje de aumento de la recaudación propia del sistema previsional.

Si en lugar de adoptar esta decisión, la Corte Suprema de la Nación hubiera dispuesto la aplicación de índices de salarios desde 1991 en adelante, como lo venía disponiendo en sus resoluciones la Cámara de la Seguridad Social, habría asumido el rol de legislador, que no le compete. Además habría puesto en peligro el principio de equilibrio presupuestario que el Poder Legislativo tiene la posibilidad de respetar.

Las disposiciones de la ley de solidaridad previsional procuraron conciliar el cumplimiento de las obligaciones provisionales del Estado con el equilibrio presupuestario. No hacerlo significaría burlar una vez más a los jubilados, porque el efecto inflacionario de los desajustes fiscales siempre provocan un deterioro mayor del poder adquisitivo de las jubilaciones, aun cuando se hayan otorgado aumentos nominales que a priori parezcan elevados.

miércoles, 28 de junio de 2006

El rol del FMI en la crisis argentina

Articulo de Domingo Cavallo publicado en La Nacion

El FMI ha dado a conocer la existencia de un memorando que pone de manifiesto su verdadero rol frente a la crisis argentina de 2001-2002 (de lo que LA NACION informó el viernes 16).

La comisión que publicó el memorando, presidida por la ex representante del gobierno de EE.UU. en el Fondo Karin Lissakers, está en lo cierto cuando sospecha que la no mención del memorando por parte del staff pudo haber tenido el propósito de esconder la responsabilidad del FMI en la crisis y trasladarla totalmente sobre las autoridades del país.

El documento transcribe lo que ocurrió en una reunión de agosto de 2001 en la que Horst Köhler -entonces director gerente del FMI- y yo -entonces ministro de Economía de la Argentina- discutimos las condiciones bajo las cuales el FMI nos daría un apoyo de US$ 8000 millones. Además de la aprobación de la ley de déficit cero, Köhler me planteó que quería discutir una condición adicional, que en realidad era un compromiso recíproco: debíamos estar dispuestos, ambas partes, a discutir un "cambio estructural de la política económica", si se producía una reducción de reservas superior a US$ 2500 millones.

Ese cambio estructural era la dolarización completa de la economía. Yo, por mi parte, tenía en mente avanzar hacia la flotación del peso, pero entre bandas definidas por el valor del euro y del dólar, de tal manera que el peso no estuviera necesariamente atado a la moneda más fuerte.


Cualquiera que fuera el cambio de régimen monetario, iría acompañado de una reestructuración ordenada de la deuda pública, para reducir su costo a la mitad.Como yo conocía que en algunos ambientes académicos norteamericanos y políticos argentinos se hablaba de la libre flotación del peso, precedida por una "pesificación" compulsiva de todos los contratos firmados en dólares, decidí dejar bien en claro que el cambio excluiría cualquier alternativa que significara violar los derechos de propiedad de los ahorristas.

El memorando refleja bien mi posición. Pero aparece a continuación una afirmación final de Köhler esclarecedora de su verdadera posición: "Todas las alternativas debían quedar abiertas".

Hay muchos indicios de que a partir de las elecciones de octubre de 2001 en la Argentina Köhler no quiso colaborar con nuestros intentos de evitar una debacle como la que instrumentó luego el presidente Eduardo Duhalde. Ante cada propuesta o iniciativa nuestra, la respuesta era el silencio. El gesto más claro fue la decisión de retirar de Buenos Aires la misión del FMI en los primeros días de diciembre, anunciando que no se iba a hacer el desembolso de los US$ 1260 millones programados para noviembre.

Lo notable es que esta decisión se adoptó sin consulta previa al directorio del FMI, cuando ya habíamos logrado reestructurar exitosamente la deuda pública en manos de acreedores dispuestos a aceptar la jurisdicción argentina. Esta reestructuración alcanzaba a más del 50% de la deuda pública en manos de acreedores privados y significaba una reducción de US$ 3000 millones en el pago anual de intereses.

En tiempos de Michel Camdessus y Stanley Fischer, el FMI no tenía la pretensión de imponer sus recetas a los países; de hecho, el Plan de Convertibilidad fue diseñado y decidido por nosotros, en la Argentina. El Fondo se limitaba a apoyar cuando se convencía de que las ideas del Gobierno eran las correctas y colaboraba en momentos difíciles, en forma consistente con su misión original.

Lamentablemente, el FMI liderado por Köhler tuvo la pretensión de imponer su agenda y sus cambios", no apoyando los cambios que hubieran permitido salir ordenadamente de la situación de crisis que vivía el país a fines de 2001. Finalmente, pretendió decir que no había tenido nada que ver con lo que ocurrió, incluyendo la pesificación y la devaluación de enero de 2002.

El memorando descubierto por la comisión tiene un ingrediente fundamental, que podría aumentar la responsabilidad del FMI en la crisis argentina. La afirmación final de Köhler, en el sentido de que "todas las opciones están abiertas", a continuación de mi negativa explícita a considerar cualquier cambio que afectara los derechos de propiedad de los ahorristas, abona el argumento de que cuando Duhalde decidió la pesificación y la devaluación contaba con un apoyo implícito del FMI.

Eduardo Amadeo, que antes de ser embajador argentino ante la Casa Blanca llevaba y traía mensajes entre algunos círculos de Washington y el entorno de Duhalde, cree haber percibido que Köhler se negaba a discutir con nosotros los cambios de política económica, porque yo me oponía obstinadamente a pesificar y devaluar. ¡Claro que me oponía! Nosotros queríamos solucionar la crisis , no agravarla.

El autor fue ministro de Economía entre 1991 y 1996, y entre marzo y diciembre de 2001.