Las cuentas del Sistema Previsional: un claro ejemplo de Miopía Fiscal
Cada vez que leo un informe sobre la situación macroeconómica de Argentina, me convenzo más y más de que los economistas del gobierno y muchos analistas independientes, padecen de “Miopía Fiscal”. Basan sus análisis en el exámen del balance de caja de los últimos trimestres sin evaluar las consecuencias futuras de las decisiones del gobierno sobre los presupuestos públicos del futuro.
Lo que está ocurriendo con el Sistema Previsional es muy ilustrativo al respecto. Después de la pesificación y devaluación de 2002, el Sistema Previsional Público de reparto, comenzó a generar superávits de caja, por la simple razón de que la inflación post devaluación generó mayores ingresos para el sistema, sin que se reajustaran las prestaciones, a pesar de que las leyes en vigencia obligan a moverlas conforme al aumento de la recaudación.
Los ingresos del sistema aumentaron durante 2003 por el aumento de la recaudación del IVA, del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Patrimonio, y, más recientemente, por el aumento de la recaudación de aportes patronales jubilatorios, asociados al mayor empleo y a los aumentos salariales.
Las prestaciones sólo aumentaron en la medida que estaban cerca de los niveles mínimos, mientras que aquellas superiores a 540 pesos mensuales, y, en particular, las superiores a 1.000 pesos mensuales, sólo lo hicieron en porcentajes mucho menores a la inflación y al aumento de la recaudación.
Recién para el año 2007 el Congreso Nacional dispuso un aumento del 13 %, cumpliendo con lo que dispone la Ley de Solidaridad Previsional. Pero tal como yo lo había advertido en varios artículos publicados tiempo atrás, La Justicia, a través de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ha interpretado que esa movilidad corresponde sólo al año 2007 y no subsana la omisión de movilidad por los años 2003 al 2006, período en el que recomenzó la inflación y aumentaron los recursos del sistema.
Una vez que el dictamen de la Cámara Federal sea convalidado por la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno tendrá que subsanar esa omisión hacia el futuro y compensar a los Jubilados y Pensionados por el retaceo de las prestaciones de al menos los últimos años no prescriptos. Ni el Gobierno, ni la mayoría de los analistas macroeconómicos de la Argentina están teniendo en cuenta esta enorme erogación que se está devengando para los próximos presupuestos.
Para colmo de males, el Gobierno ha creado un sistema de blanqueo previsional muy generoso para quienes adeudaban años de aportes, pero a costa de los recursos que corresponden a quienes vienen aportando regularmente. Por el momento, piensan maquillar las cuentas previsionales, contabilizando como ingresos los aportes del pasado y del presente, de los trabajadores que elijan volver al sistema de reparto desde su respectiva AFJP. Pero éste es otro engaño, porque las obligaciones futuras que se comprometen a favor de esos trabajadores, son muy superiores a los aportes pasados y futuros que vuelven al Sistema Previsional Público de reparto.
Se está generando una gravosa crisis fiscal, que podría haberse evitado si se cumplía con las provisiones de la Ley de Solidaridad Previsional y se usaban los recursos aumentados de la ANSSES para pagar la movilidad e las jubilaciones actuales. En ese caso, para cada nuevo subsidio que el gobierno decidiera otorgar, se deberían haber hecho las previsiones presupuestarias, asignando recursos de rentas generales, y no comprometiendo los recursos que, por la Constitución Nacional, deben garantizar el pago de prestaciones móviles a los Jubilados y Pensionados.
Domingo Cavallo
